BASTA DE PRIVATIZACIÓN ENCUBIERTA DE LA SANIDAD PÚBLICA. NO A LA DERIVACIÓN DE LAS BAJAS COMUNES A LAS MUTUAS
Desde hace años, el sistema público de salud viene sufriendo un desmantelamiento progresivo. Derivaciones y conciertos, escasa cobertura mental y laboral, cuidados paliativos limitados, presupuestos insuficientes en Atención primaria… Todo con un único camino: debilitar lo público y abrir camino al negocio privado.
Ahora, bajo la coartada de reducir las largas listas de espera el supuesto elevado absentismo laboral, se está impulsando la atención sanitaria por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (Mutuas en adelante). Pero que las pruebas diagnósticas y tratamientos los siga pagando el Sistema Público.
Las Mutuas prometen a las y los trabajadores una atención preferente. Sin embargo, sabemos de su negativa a reconocer el origen laboral de múltiples lesiones y patologías, su sistemática minimización de la gravedad de los accidentes de trabajo, su persecución cuando caemos de baja común, la falta de garantías sanitarios en su atención, su desentendimiento ante secuelas y complicaciones o sus tratamientos de choque para acelerar el alta.
Las Mutuas, -entidades empresariales privadas sin ánimo de lucro-, ocultan infinidad de litigios por supuestos fraudes a la Seguridad Social. Sus irregularidades son “un mal general” por falta de control, pagos indebidos, ofertas promocionales con costes no asumibles por la Seguridad Social, facturaciones duplicadas, dietas indebidas, indemnizaciones millonarias por auto despido y cesiones ilegales de mano de obra.
La estrategia de patronal y mutuas poco tiene que ver con la salud de las y los trabajadores y nada con atender las necesidades de salud del resto de la población. En realidad, se pretende un salto espectacular en la estrategia de privatización del sistema sanitario público en beneficio del negocio privado.
Desde el SFF-CGT defendemos que las bajas por enfermedad común deben seguir siendo controladas por los médicos de familia y la inspección pública de la Seguridad Social, únicos garantes de imparcialidad. No podemos entender que una empresa pública potencia la destrucción del servicio público sanitario. Trasladar esta competencia a una Mutua supone una privatización encubierta de un derecho público, reduciendo el papel de la sanidad pública en beneficio de entidades privadas cuya financiación y control dependen en gran medida de las empresas.
SFF-CGT LUCHA POR LO PÚBLICO
